El STJ rechazó apelación interpuesta por Defensora del Pueblo.

Facebooktwittergoogle_plus

El STJ rechazó el recurso de apelación, interpuesto por la Sra. Defensora del Pueblo, contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Viedma, por la cual se rechazó la pretensión de la Defensora, en cuanto pretendía declarar la nulidad de una Resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por la cual ese organismo dispuso tener por justificado el incremento patrimonial de un Funcionario Público y archivar la causa.

Para rechazar el recurso de apelación, el Máximo Tribunal provincial entendió, para el caso en particular, que tanto el art. 167 de la Constitución Provincial como la Ley K Nº 2756, que contemplan la facultad de investigación que tiene la Defensoría del Pueblo de la Provincia, limitan la actuación a dar intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en caso de advertir delitos o infracciones en materia administrativa o realizar la denuncia ante el Poder Judicial. Y efectuada la misma, ante los órganos constitucionalmente competentes para la investigación, tanto en la faz administrativa como judicial, cesa la facultad de actuación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Así lo pone de relieve el art. 16 cuando dispone que  el Defensor del Pueblo suspenderá su intervención cuando la cuestión se encuentre pendiente de resolución administrativa o judicial.

También expresó que en el derecho público local, la Defensoría del Pueblo, tiene una legitimación procesal restringida, limitada a los “procesos colectivos”, que se le otorgó con la modificación a su ley orgánica en el año 2002. También se tuvo en consideración que la C.S.J.N. ha resuelto que la legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación ha de analizarse para cada caso en particular.

El STJ,  expresó que no puede sostenerse que la Constitución Provincial haya previsto una actitud de confrontación entre los organismos de control externo de la órbita del Poder Legislativo y que la figura del “ombudsman” incorporada a la normativa constitucional en la reforma de 1988, tiene un noble rol institucional que se inserta en un sistema propio del Estado de Derecho, donde prima la división de poderes -invocada por la propia recurrente- con respeto a las funciones de cada una de las instituciones y donde, primordial y específicamente, el interés público está representado por el Ministerio Público según los arts. 219 y cc. de la mencionada Constitución, para el ejercicio de cuyas funciones tiene atribuciones, responsabilidades y deberes que no pueden ser resignados, ni aun en forma parcial, ante la ultractividad pretendida por otro órgano del mismo Estado.

Finalmente se dijo que el actuar de un órgano del Estado, necesariamente debe regirse en el ejercicio de sus facultades, por las previsiones normativas expresamente establecidas en el ordenamiento jurídico que determina su creación, funcionamiento y su ámbito de actuación. Permitir que un órgano público actúe más allá de de su competencia, extralimitándose a lo legalmente dispuesto, resultaría violatorio del principio de legalidad que debe regir todo actuar público.

Facebooktwittergoogle_plus