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Apartaron a Lozada de la causa por los asesinatos de junio

La cámara segunda del crimen hizo lugar a la reacusación planteada por el defensor de jefes policiales y ratificada por el agente fiscal.

La Cámara Segunda del Crimen de la ciudad de Bariloche,  hizo lugar a la recusación planteada contra del juez Martín Lozada y declaró la nulidad parcial del decreto mediante el cual se citó a indagatoria al Secretario de Seguridad, Jefe de Policía, ex Jefes de URIII y ex Jefe de la comisaría 28.

Luego de sustanciar el incidente, oír a las partes involucradas y analizadas las argumentaciones expuestas, conforme la prueba testimonial producida, como el análisis de lo obrado en causa «Colombil», entendió que no cabe concluir en forma categórica que el señor juez Martín Lozada haya perdido su neutralidad en la causa que provoca este incidente.

Sin embargo entendió que se advierte un quebrantamiento del principio de imparcialidad, en cuanto al llamado a indagotoria a policías no comprendidos en el requerimiento inicial, y fuera del curso lógico del proceso, que provocaron sospecha en la defensa que articuló la recusación por vulnerar el principio rector «iudex ne procedat ex oficio».

Todo ello conforme dictámen del agente fiscal, que así lo entendió siguiendo lo dispuesto en el artículo 181 en cuanto dice que la instrucción será iniciada en virtud de requerimiento fiscal o de una prevención policial o información policial  y se limitará a los hechos referidos en tales actos. Y reafirmó que «la acción penal es pública y se ejerce exclusivamente por el Ministerio Fiscal”, considerando que no se puede quebrantar esta norma sin caer en un ámbito de parcialidad.

También se tuvo en consideración el artículo 54 del CPP que ratifica lo aseverado por el Agente Fiscal, en tanto afirma que «El Ministerio Fiscal promueve y ejerce la acción penal en la forma establecida por la ley».

En resumida síntesis, el Dr. Lozada manda al Ministerio Fiscal, formalice lo que ya había tomado como impulsión el proceso de oficio.

En cuanto a la nulidad consideró que la misma opera de pleno derecho en tanto se  consideró vulneradas garantías constitucionales tales como la defensa en juicio y la autonomía del Ministerio Público Fiscal.

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SENTENCIA COMPLETA CAMARA SEGUNDA CRIMINAL BARILOCHE

San Carlos de Bariloche, 20 de mayo de 2011.-

Y VISTO: Este incidente de recusación en autos «CARRASCO, Nicolás Alberto y CARDENAS, Sergio Jorge s/ víctimas de homicidio», en los que el señor defensor particular abogado Mario Altuna recusa al señor juez de instrucción Martín Lozada;

Y CONSIDERANDO:

I) El libelo recusatorio (fs. 2/6) finca su prueba, para el apartamiento del Instructor, en el modo de actuar procesal y remata con argumentación en «un escrito de 100 hojas» que demostraría la parcialidad del mismo. Agrega que el juez aún no ha recibido las declaraciones «indagatorias» y ya tiene resuelto el «procesamiento». Al respecto aporta, entre otras pruebas, testimonios que ratificarían el ánimo del juez en el tratamiento de la causa. Advierte el defensor recusante que «las circunstancias que invoca… perfilan por sí mismas el evidente adelantamiento de opinión del magistrado, circunstancia relevante para disponer su apartamiento»(sic fs. 3).

Que para la eventualidad que el Juez Instructor no aceptare la recusación, advierte el abogado Mario Altuna: «que como ellas (las circunstancias) seguramente serán negadas por el recusado, dependerá su acreditación de prueba personal, que significará mayores conflictos y trastornos a la convivencia diaria entre empleados, funcionarios y magistrados judiciales, y se invoca además otras que por su trascendencia poseen entidad suficiente para arribar a idéntico resultado»(sic fs.3).

Entre las pruebas subsidiarias refiere:

a) lo obrado en la causa «Colombil, Sergio s/ homicidio», a través de la recusación planteada por el abogado defensor Marcelo Ganuza, la que concluyó con el apartamiento del mismo juez hoy recusado por haber emitido opinión.

b) lo obrado a fojas 51/2 y 354/355 por el agente fiscal, de donde surge el objeto instructorio en forma clara y precisa, extremo que involucra a los autores materiales del homicidio, en el ámbito de la Regional III de Policía, lo que en modo alguno puede extenderse en la forma que lo hace el Instructor, sin comprometer su imparcialidad.

c) lo agregado a fs. 1199/1214 a través de pericia balística, que «lejos de

traer claridad sobre el extremo, termina evidenciando que no puede afirmarse que las escopetas secuestradas a la policía hayan disparado postas que produjeron el resultado muerte. Que tales postas pueden ser disparadas por armas de fabricación casera – tumberas» (sic fs. 4).

d) lo obrado a través del decreto de fojas 1333, mediante el cual se cita a indagatoria a sus defendidos (secretario de seguridad, jefe de policía, exjefes de URIII y exjefe de la comisaría 28), pretendiendo subsanar ello a fojas 1361 el juez dice «a fin de evitar eventuales y futuros planteos de nulidad, córrase vista al señor agente fiscal a fin de que especifique las conductas delictivas atribuídas a cada uno de los antes nombrados. Surtiendo ello efecto a fojas 1362/1381, donde el fiscal Burgos formula «un nuevo requerimiento de instrucción» .

Concluye la defensa argumentando que con fecha 1/2/11 el instructor citó a indagatoria a sus pupilos «motus propio», excediendo el limite del requerimiento fiscal promotor. Recordando que la convocatoria de fojas 1435 reposa en un factum diverso de aquel inicial, ya que el M.P.F. los acusa luego de violación de los deberes de funcionario público y homicidio culposo. Considera por tanto nulo el decreto, pero demostrativo de la tendencia incriminante, «ubicando la cuestión en un plano netamente idelológico, ante una investigación que evidencia sólo orfandad probatoria, y es precisamente esa idelología la que conspira contra su imparcialidad, pues en el proceso la única ideología que debe ostentar (el juez) es la atinente a preservar el debido proceso legal y la presunción de inocencia» (sic fs.6). Agrega «tales principios se quiebran indefectiblemente si, como en la especie de autos, se pretende responsabilizar por la judicatura interviniente y de manera oficiosa, a quienes se encuentran evidentemente excluidos del primigenio requerimiento de instrucción. Ni que hablar si además de ello se los procesa antes de oirlos» (sic fs. 6)

II) El trámite por ante este Tribunal, dió participación a las partes querellantes y al señor agente fiscal, convocados junto al recusante para la audiencia de producción de prueba y alegación sobre la misma. Asimismo se invitó al señor juez recusado para que asista a la audiencia, de creerlo conveniente.

Durante la misma se recibieron los testimonios del secretario de la causa, Abogado Martín Goveto, de la empleada Maria Ofelia Celoria y del perito ingeniero Roberto Mario Nigris. Alegaron las partes, concluyendo el recusante abogado Mario Altuna con la ratificación de apartamiento, la querella representada por los abogados Rubén Marigo y Lucrecia Ranzini merituaron la permanencia del Dr. Lozada, y por último el agente fiscal Marcos Burgos coincidió parcialmente con la argumentación del defensor, haciendo su propia síntesis de lo actuado e interpretando que debía apartarse al juez recusado por haber quebrado la regla «iudex ne procedat ex officio».

III) Es legal considerar sólo los argumentos de parte, por aquello de la limitación de la jurisdicción a los agravios, pero es lógico realizarlo en forma integral, ya que aquí se trata de la salud del proceso, afectado en uno de sus puntos neurálgicos, como lo es el juez natural.

En el informe del Dr. Martín Lozada (fs.8/12) se expresa con claridad el pensamiento que debe inspirar la solución de la incidencia. Así apunta que «la imparcialidad es principio supremo del proceso», haciendo alusión para ello de Aragoneses y Goldschmidt.

Coincidimos con el juez informante en esa «supremacía procesal» y también en que «la idoneidad subjetiva del juzgador tiene por objeto preservar la mejor administración de justicia, cuyo ejercicio imparcial es uno de los elementos que integra la garantía del debido proceso, reconocido en el artículo 18 de la Constitución Nacional»… «que no cabe duda que el juez debe ser neutral con respecto a las partes, al contenido y al resultado del proceso. La imparcialidad es indispensable para que la defensa de los derechos -garantía inviolable de jerarquía constitucional- pueda ser ejrcitada por las partes con la seguridad de que sus pretensiones serán admitidas o desestimadas por el magistrado sólo en función de la justicia que informan a las mismas. Sólo así puede haber juicio constitucionalmente válido» (sic, cuarto párrafo de fs 8, en cita de Ricert, A. EJ Omeba «Recusación», p. 161, T XXIV).

Por tanto, teniendo por igual premisa el concepto de juez natural, y siendo uno de sus elementos la imparcialidad, analizaremos la objeción realizada por la defensa.

IV) Con la prueba testimonial producida en audiencia pertinente, sumada a la ya existente y mencionada por las partes, debe resolverse si el juez instructor Martín Lozada debe permanecer o ser apartado de la causa, fundando ello en el mantenimiento o no de neutralidad.

La aclaración de habilidad funcional de este Tribunal, cuestionada en principio por la parte querellante hacia dos de sus integrantes, se encuentra hoy en plenitud de competencia material y territoal, no sólo respecto de este incidente sino de toda la causa como ya se ratificara en anteriores intervenciones.

La primera argumentación informada por el juez, es aquella sobre los apuntes encontrados en el interior del expediente, que no son más que simples anotaciones, como refiere el a quo «se trata de un grueso número de hojas abrochadas con un gancho, que le permite evaluar el alcance y mérito de cada una de esas declaraciones y hallazgos. Su utilidad, pertinencia e idoneidad para formarse un criterio en torno del objeto procesal en cuestión » (sic, fs. 10).

La segunda argumentación recusatoria informada es quella referida a la causa «Colombil», en donde el juez recusado niega que por las circunstancias allí merituadas tenga un preconcepto o mejor dicho una «tendencia» o «ideología en contra de la policía».

Analizada las argumentaciones antes expuestas, a la luz de la prueba testimonial producida, como el analisis de lo obrado en causa «Colombil», no permite concluir en forma categórica que el señor juez Martín Lozada haya perdido su neutralidad en la causa que provoca este incidente.

Sin embargo, en cuanto a la tercera y cuarta argumentación planteada por la defensa e informada por el juez instructor, se advierte un quebrantamiento del principio de imparcialidad.

El llamado a indagotoria a policías no comprendidos en el requerimiento inicial, y fuera del curso lógico del proceso, provocaron sospecha en la defensa que articuló la recusación, y vulnera el principio rector «iudex ne procedat ex oficio».

En efecto, la norma del artículo 181 dice «que la instrucción será iniciada en virtud de requerimiento fiscal o de una prevención policial o información policial …. y se limitará a los hechos referidos en tales actos».

Con esta norma como parámetro procesal, y según lo dispuestos por el artículo 215 y 218 inciso 2º de la Constitución Provincial, la lectura del artículo 6 del C.P.P. no puede efectuarse con otra interpretación que la que le dió el señor agente fiscal Marcos Burgos «la acción penal es pública y se ejerce exclusivamente por el Ministerio Fiscal». No se puede quebrantar esta norma sin caer en un ámbito de parcialidad.

Por último el artículo 54 del rito ratifica lo aseverado por el Agente Fiscal, «El Ministerio Fiscal promueve y ejerce la acción penal en la forma establecida por la ley».

En función de las reglas invocadas, y según surge de la promoción de acción de fojas 51/52, el juez instructor debió ceñirse a los límites fácticos y jurídicos allí trazados. Por lo que el llamado de fojas 1333 es claro indicio de parcialidad, lo que autoriza a tener por acreditado el extremo invocado por el recusante y en consecuencia hacer lugar a su planteo.

Súmase a ello lo decidido por este Tribunal a fojas 72/81 (375/384), donde se reponía la promoción inicial y se advertía sobre la abstención que debía realizar el juez instyructor para mantener su neutralidad.

A fojas 1362/1381 el agente fiscal se ve obligado a intentar reponer la salud del proceso con una ampliación requirente, luego de haber reconocido el juez en el decreto de fojas 1361 «que la debida promoción de acción penal a partir del modo narrado en el párrafo que antecede , fue ratificada por el Fiscal de Cámara a fojas 68/71 y 371/374, … entiendo que de acuerdo a los hallazgos probatorios que han venido siendo producidos durante el transcruso de la instrucción es posible ahora para la fiscalía individualizar con algún grado de especificidad las conductas ilícitas suceptibles de serles atribuídas a las personas de Cufré, Villanova, Hermosa, Veroiza y Carrizo. Por tal motivo, a efectos de dar plena vigencia a las garantías…. y evitar eventuales y futuros planteos de nulidad, córrase vista al sr. agnte fiscal a fin de que especifique las conductas delictivas atribuíbles a cada uno de los nombrados, a punto tal de tener por complementadas y ampliadas las piezas procesales indicadas en el primero y segundo párrafo del presente decreto»(sic, decreto del 11 de febrero de 2011),.

En resumida síntesis, el Dr. Lozada manda al Ministerio Fiscal, formalice lo que ya había tomado como impulsión el proceso de oficio.

Lamentablemente de este modo no se evita ningín planteo de nulidad, puesto que el vicio de procedimiento ya había ocurrido y por tanto la sanción de forma opera de pleno derecho, en tanto que se vulneran garantías de orden constitucional, tales como la defensa en juicio, y la autonomía del Ministerio Público Fiscal.

Corresponde hacer lugar al planteo de recusación de la defensa, al que adhirió el representante del Ministerio Público.

Y en consecuencia declarar la nulidad del decreto de fojas 1333 en cuanto dispone la citación a indagatoria de aquellos sujetos que por entonces no habían sido objeto de requisitoria de instrucción. Nulidad que abarca también el decreto de fojas 1345 en cuanto ratifica el decreto aquí anulado (art. 149 -segundo párrafo- del CPP y 18 de la Constitución Nascional y 22 de la Constitución Provincial).

Por lo expuesto, LA CAMARA SEGUNDA EN LO CRIMINAL RESUELVE:

I) Hacer lugar a la recusación planteada en contra del juez Martín Lozada. Rigen los artículos 43, 47 y cc, 50 del C.P.P.-

II) Declarar la nulidad parcial del decreto de fojas 1333, y del de fojas 1345, según considerando.

Enviar a origen para que el subrogante legal continúe con la tramitación de los principales, previo regístrese protocolíces y cúmplase.-