El Poder Ejecutivo convoca a sesión extraodinaria para tratar prórroga de ley de emergencia

Recinto-legislatura01POLITICA / RIO NEGRO – El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, remitió a la Legislatura provincial el decreto de convocatoria a una sesión extraordinaria para el tratamiento de una iniciativa para extender la vigencia de la emergencia económica y financiera del sector público provincial hasta el 31 de diciembre de 2013.

Al fundamentar la continuidad de la ley, recordó que el objetivo buscado por la norma original fue “garantizar la protección del estado de derecho, los derechos esenciales de los individuos y la continuidad de los servicios básicos del Estado, tales como educación, salud, justicia y seguridad”.

Recuerda que “la misma fue sucesivamente prorrogada, en razón de la necesidad imperante y de la situación económico-financiera provincial, y finalmente mediante la Ley Nº 4.735 se declaró el estado de Emergencia Institucional, Económico, Financiero, Administrativo y Social del sector público provincial, se creó la Comisión de Transparencia en el Empleo Público” y se prorrogó desde su vencimiento y hasta el 31 de diciembre pasado.

Posteriormente “se dictó la Ley provincial Nº 4.790, que determinó el cese de la emergencia institucional, administrativa, social, educativa y sanitaria, aunque nada dijo respecto de la situación económico – financiera provincial”, señalan los argumentos.

Agrega que “entre los fundamentos para sostener la emergencia económica tenemos que la misma es pública y notoria y no necesita ser probada por la Provincia, que no se viola el principio de igualdad ante la ley, pues la emergencia

hace de un estado de necesidad extraordinario que autoriza el dictado de normas necesarias para el salvataje de todo el sistema institucional”.

Luego indica que “la marcada crisis hizo necesario que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro adoptara actos de gobierno que permitieran el ordenamiento de los distintos elementos que componen los sectores social, económico y financiero” .

Advierte “que el progreso ha sido más que significativo, no obstante, el proceso de recuperación requiere afianzar la consolidación y para alcanzar un crecimiento sostenido se debe asegurar el marco de la sustentabilidad, que se ve de continuo afectada por factores internos y externos que condicionan objetivos sociales, económicos y financieros locales”.

Por ello el Ejecutivo entiende que los fines mencionados “tornan necesaria la prórroga hasta del régimen de emergencia, en cuanto la tendencia evidenciada permanecerá en el tiempo como secuela de un manejo responsable de las finanzas públicas y el cumplimiento de las metas acordadas, aunado en el esfuerzo de la ciudadanía rionegrina”.

“Se trata de una situación de emergencia definida por ley, tiene la persecución de un fin público, es transitoria y es razonable”, por lo que la prorroga del actual “estado de emergencia” tiende a proteger el estado de derecho y los derechos esenciales de los individuos, amenazados por grandes perturbaciones al orden público; dicho en otros términos”, explica.

Indica luego que “cuando se recurre a la emergencia se lo hace con el objeto de amparar y defender el orden constitucional; la emergencia no suprime la legitimidad constitucional sino que la garantiza por medios extraordinarios”.

Entre los argumentos apunta posteriormente que la legislación de emergencia “no es inconstitucional, ni confiscatoria, ni conculcatoria de garantías constitucionales, sino que constituye el único medio idóneo del Estado Provincial para superar una situación de cesación de pagos, resultante de una crisis estructural de la economía nacional y provincial que al amenazar el sistema económico, también afecta a los derechos contenidos en aquél”.

Concluye que “el Gobierno de la Provincia viene realizando una política tendiente a revertir la emergencia económica y administrativa del sector a corto plazo, dependiendo su éxito de las variables económicas del Estado Nacional, por lo que no queda otro camino que mantener la emergencia” hasta que se alcancen “las condiciones objetivas” que permitan su cesación.