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Legisladoras impulsan ratificar ley nacional de empleadas domésticas

La legisladora Patricia Ranea Pastorini (Alianza), acompañada por su pares de bloque Gabriela Buyayisqui; Marta Milesi y María Inés García, presentó un proyecto de ley para ratificar en todos sus términos los derechos y obligaciones de orden público y de alcance federal contenidos en el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, recientemente sancionado por el Congreso de la Nación.

La propuesta parlamentaria incluye la expresa adhesión a las disposiciones del titulo XVI “Tribunal de trabajo para el personal de casas particulares, régimen procesal”de la mencionada norma, sustituyendo los órganos jurisdiccionales administrativos y judiciales normados en la misma por los propios de la provincia de Río Negro.

También, se busca establecer que la Secretaría de Trabajo de Río Negro sea la autoridad de aplicación del régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares en la jurisdicción de la provincia y que determine por vía reglamentaria el área administrativa que se encargará de intervenir en los conflictos que se deriven de las relaciones de trabajo regladas por la misma norma.

La ley nacional emplaza al personal que desempeña sus actividades laborales en viviendas particulares en situación de igualdad con respecto al conjunto de los trabajadores, tal como lo marca el  Derecho Laboral y el Derecho Social. “Con la sanción de esta ley se salda una deuda histórica con las trabajadoras empleadas en casas particulares, reconociendo los derechos laborales básicos que todo trabajador debe gozar”, destacó Ranea Pastorini en los fundamentos del proyecto, que avalaron otras tres legisladoras de su bancada.

Consideró que esa legislación “termina con la informalidad y la precarización, dando fin a una situación de marcada desprotección”.

Destacó los fundamentos de la ley recientemente sancionada, a través de los cuales se alude a “la decisión de promover la sanción del proyecto que hoy es norma se fundamenta en la situación de marcada desprotección que evidencian las personas que se desempeñan laboralmente en el trabajo doméstico para terceros , sin que exista una justificación para ello ni se compadezca con la evolución social y jurídica alcanzada en la Argentina desde la sanción del régimen vigente”.