Mendioroz presentó amparo ambiental por el “Basurero petrolero de Cinco Saltos”

Mendioroz

CINCO SALTOS – El presidente del bloque de legisladores de la Concertación para el Desarrollo, Bautista Mendioroz, formalizó el viernes la presentación de un amparo ambiental en relación al denominado “Basurero petrolero de Cinco Saltos”.

Mendioroz solicitó al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Enrique Mansilla, que cautelarmente se ordene, en forma inmediata, la suspensión del acto administrativo que autoriza a la firma Greencor SA a desarrollar en Cinco Saltos la actividad petrolera comúnmente llamada Landfarming, hasta tanto se cumplimente con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la Ley M 3.266.

Esa norma incluye la obligatoriedad de realizar audiencias públicas con carácter previo a comenzar a desarrollar actividades potencialmente dañosas del medio ambiente.

“Una habilitación a funcionar a un emprendimiento de tal naturaleza no puede elaborarse de espalda a los habitantes, a los lugareños. La transparencia es un requisito que hace a la concreción del resto de principios ambientales”, expresó Mendioroz.

El legislador solicitó también que se oficie a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro y a la Municipalidad de Cinco Saltos, para que remitan las actuaciones administrativas relacionadas con la actividad que desarrolla la firma Greencor SA en Cinco Saltos.

Exigió además, en el marco del amparo ambiental, que se garantice a los habitantes Cinco Saltos el derecho a vivir en un ambiente sano y saludable y se resguarde el derecho a la salud, en los términos de la Constitución Nacional y Provincial, permitiendo hacer uso de las facultades que implican su participación en los procedimientos administrativos, dando curso al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en los términos de la Ley M Nº 3.266.

Mendioroz exigió se cumpla debidamente con lo dispuesto en el artículo 7 de esa norma provincial, en cuanto prescribe en forma perentoria la realización de audiencia pública de los interesados y afectados en el lugar de emplazamiento del proyecto o donde se produzcan los impactos ambientales.

Requirió que se constate la existencia de daño ambiental en los términos de la Ley General del Ambiente 25.675 y, de confirmarse tal circunstancia, se apliquen sobre los responsables las sanciones que la misma norma establece y se ordene la consecuente remediación ambiental.

Para tal fin, Mendioroz propuso que se formalicen las requisitorias pertinentes a los organismos involucrados, pero además acompañó un informe técnico geológico que pone en alerta la aptitud de la zona seleccionada para instalar el basurero petrolero y las potenciales consecuencias para el ambiente.