Prórroga de Emergencia Agropecuaria y Ley de Responsabilidad Fiscal

La Legislatura dio ingreso a dos proyectos de decretos ley enviados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de ministros, para su tratamiento en este Cuerpo. Los expedientes están referidos a la prórroga de la norma que estableció el estado de emergencia agropecuaria por sequía para el sector ganadero, y la adhesión de la Provincia de Río Negro a una norma nacional que dará continuidad a la Ley de Responsabilidad Fiscal.

En cuanto a la primera de las iniciativas oficiales, el Ejecutivo argumenta que la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro requirió que se prorrogue durante el año en curso el estado de Emergencia Agropecuaria por sequía del sector ganadero rionegrino, en virtud de la continuidad de los efectos de dicho fenómeno climático que entre los años 2005 y 2009 afectó el territorio provincial provocando pérdidas para la producción y capital en los sectores bovino, ovino y caprino.

La ley vigente declara el estado de desastre agropecuario por sequía a las zonas de secano comprendidas en los departamentos de Adolfo Alsina, General Conesa, Pichi Mahuida, Avellaneda, General Roca, El Cuy, Valcheta, San Antonio, 9 de Julio, 25 de Mayo, Ñorquinco y Pilcaniyeu.

Su articulado fija las exenciones de pago al impuesto inmobiliario, patente de automotor y de sellos, para las operaciones crediticias de refinanciación vinculadas a la actividad agropecuaria.

Asimismo, el sector recibió el beneficio legal de la suspensión los remates judiciales de bienes inmuebles por la ejecución de deudas provenientes de canon de riego, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos dispuestos en la legislación.

Por su parte, la dirección de Ganadería de la Provincia elaboró un “Informe de Sequía de la Provincia por los períodos 2010/2011”, del que surge el resultado de las evaluaciones realizadas en las distintas regiones, sobre el estado productivo actual de los distintos establecimientos verificados y su afectación por este fenómeno.

Los fundamentos de este expediente aducen, por otra parte, que “el fenómeno climático ha sido un proceso continuo iniciado en el año 2005 y agravado por el transcurso del tiempo en el cual los productores pecuarios se han visto afectados por una fuerte descapitalización encontrándose sin stock de hacienda, colocándolos en una situación comprometida que afecta su normal producción”.

“Es necesario brindar apoyo y asistencia desde el Gobierno de la Provincia de Río Negro, para contrarrestar los efectos graves de esta situación, manteniendo la vigencia de las leyes citadas hasta el 31 de diciembre de 2011, dado que se mantienen las condiciones fácticas que determinaron la sanción de las mismas, que no son otras que contar con una norma que garantice la continuidad legal en la protección de la producción”, expresa el documento de elevación al Poder Legislativo.

Régimen de Responsabilidad Fiscal

En su segunda iniciativa, el Ejecutivo recuerda que la Ley Nacional Nº 25.917 creó el  Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal al que adhirió oportunamente la Provincia de Río Negro “con el objeto de establecer las reglas generales del comportamiento fiscal, dotando de una mayor transparencia a la gestión pública”.

A partir de ella, el Ministerio de Economía Nacional facultó a las provincias a implementar programas vinculados con la deuda de aquellas jurisdicciones que no cuenten con el financiamiento correspondiente, en tanto observen pautas de comportamiento fiscal y financiero compatibles con esta ley.

A partir de su aplicación, se establecieron las excepciones para los ejercicios 2009 y 2010, en relación a las erogaciones destinadas a “la promoción de la actividad económica, el sostenimiento del empleo y la cobertura de la emergencia sanitaria y de asistencia social”.

También quedaron sin efecto, durante el mismo período, las limitaciones referidas al endeudamiento de todas las jurisdicciones participantes en la Ley de Responsabilidad Fiscal, excepciones a las que también adhirió Río Negro.

Dado que el Estado Nacional ha establecido una nueva prórroga para el 2011, el Gobierno provincial requirió a la Legislatura la sanción de la ley referida, con el objeto de “atender la necesidad de preservar la solvencia y sustentabilidad de las finanzas públicas”.