Ratifican prisión preventiva para imputado en homicidio de Cipolletti

El Superior Tribunal de Justicia declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto por el Defensor Penal doctor Juan Pablo Piombo y su Adjunto doctor Marcelo L. Caraballo en representación de Carlos Guillermo Domínguez y confirmó la Sentencia Interlocutoria Nº 5/15 de la Cámara Segunda en lo Criminal de la IVª Circunscripción Judicial del 29 de enero último, resolvió no hacer lugar al recurso de apelación deducido por el imputado contra la resolución que dispuso su prisión preventiva como autor de homicidio calificado por el vínculo en los términos del art. 45 en función del 80 inc. 1 del Código Penal.

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Contra lo decidido, el Defensor Penal Titular y su Adjunto, en representación del mencionado, dedujeron recurso de casación, el que fue declarado admisible.

La sentencia del STJ cuenta con el primer voto a cargo del Juez Ricardo Apcarian, al que adhirieron sus pares Dres Enrique Mansilla y Liliana Piccinini.

En la resolución del STJ se reseñó que el auto de procesamiento describe el hecho investigado en los siguientes términos: “ocurrido en la ciudad de Cipolletti, en fecha 01 de enero de 2015, siendo aproximadamente las 12.30 hs. oportunidad en la que el imputado Domínguez Carlos Guillermo se encontró con su hijo Lucas René Domínguez en la vía pública, en intersección de calles Esquiú y Alberdi y, previo cruzar unas palabras con el mismo, extrajo de entre sus ropas un cuchillo de 30 cm. aproximadamente, lesionando con dicha arma blanca a su descendiente Lucas Domínguez a la altura del pecho, causándole herida cortopunzante en región esternal de 7 cm. de profundidad aproximadamente con dirección céfalo anteroposterior de izquierda a derecha, la cual le produjo la muerte poco después”.

Al momento de resolver los Jueces del STJ opinaron que “de acuerdo con la doctrina legal que rige el caso, para el dictado o mantenimiento de la prisión preventiva es necesario verificar si el imputado intentará eludir u obstaculizar la acción de la justicia.”

“Para ello -adoptando un criterio que, por conocido, es innecesario reiterar-, debe consultarse no solamente la penalidad en abstracto que corresponde a los hechos reprochados, sino una serie de indicios casuísticos demostrativos de aquello”, explicaron los Magistrados.

“En este orden de ideas, el a quo comenzó ponderando la pena en expectativa, conforme el encuadramiento típico realizado en el auto de procesamiento, esto es, reclusión o prisión perpetua (art. 80 inc. 1 C.P.)”, se indicó desde el máximo Tribunal provincial.

También consignaron que “dable es destacar que esa resolución no fue impugnada, por lo que, para los fines del presente incidente y en virtud del estado actual del proceso, las diferentes hipótesis de eventuales quantum de pena que menciona la Defensa carecen de trascendencia. Existe así una presunción razonable de peligro de fuga por la alta pena en expectativa.”

“Luego, la Cámara valoró que los testigos de cargo corren serio riesgo de resultar amedrentados por la presencia del imputado en libertad, dado que residen en la misma cuadra. Lo fundó en la “peligrosidad fuera de lo común” de Domínguez en el hecho reprochado, las manifestaciones acerca de que es un individuo violento, y el serio y razonable temor por sus vidas que relataron tales testigos directos”, consideraron los Jueces.

Afirmaron que “con lo dicho, queda desechado el agravio basado en la magnitud atribuida a la peligrosidad puesto que, en rigor, no se cuestiona su existencia. En otras palabras, el a quo evaluó correctamente la peligrosidad que el sujeto activo demostró con su conducta concreta en el hecho objeto de investigación.”

Destacaron que “igual suerte correrá el planteo referido a la ausencia de entorpecimiento de la actividad judicial en virtud de que la Defensa omite mencionar, y consecuentemente refutar, las expresas razones de la Cámara en cuanto al serio y fundado temor que por sus vidas expresaron testigos directos del hecho imputado”.

“También es insuficiente para rebatir lo anterior la circunstancia de que los testigos nunca declararan que Carlos Domínguez haya intentado limitar su libre determinación o agredirlos, pues el encartado fue detenido en el hospital poco después de ocurrido el hecho y la prisión preventiva tiene la finalidad de que aquello no ocurra, dado que en el contexto de lo referido “no es descabellado pensar que resulta más que probable aquellas intenciones que malicia el instructor sobre el imputado, de afectar esos testimonios de cargo que lo comprometen seriamente”. De allí también la necesidad y razonabilidad de la medida cautelar”, expresaron.

Concluyeron que “en definitiva, el análisis de los agravios reseñados deja sin refutar los fundamentos de la Cámara en lo Criminal para rechazar la apelación contra la prisión preventiva dictada. Ellos son:

1) el grado de probabilidad positiva sobre la existencia del hecho y la autoría que arroja el auto de procesamiento firme;

2) el eventual monto de la pena que correspondería en caso de recaer sentencia condenatoria;

3) la índole y gravedad del delito que se imputa;

4) el grado de peligrosidad demostrado, y

5) la imposibilidad de descartar el peligro cierto de que los testigos sean presionados o amedrentados en caso de disponerse la libertad del imputado, ya que todavía no se ha formalizado el juicio oral y público pertinente.”

“Habida cuenta de lo expuesto, el a quo ha respetado la doctrina legal de este Superior Tribunal de Justicia (STJRNS2 Se. 225/10 “Painefil”), según la cual el único encarcelamiento previo que cabe disponer es el que corresponde a razones de cautela, pues la restricción de la libertad es posible en los límites estrictamente necesarios para asegurar que el imputado no impida el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eluda la acción de la justicia”, finalizaron los Jueces del Superior Tribunal de Justicia.